El equívoco papel del Estado en la economía

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En una nota de Orlando Ferreres publicada en el diario La Nación “¿Cómo es la participación del Estado en la economía del país?” http://www.lanacion.com.ar/2033420-como-es-la-participacion-del-estado-en-la-economia-del-pais se  resume con bastante precisión la biografía del Estado argentino en su creciente papel en la economía; desde la primera expansión durante la gran crisis de la década del 30, las nacionalizaciones de la posguerra y el creciente proteccionismo (siderurgia, industria pesada, transportes) de los años subsiguientes hasta bien entrados los años 90. Allí reseña también la experiencia de reversión (roll back) de esa tendencia estructural durante las presidencias de Carlos Menem y, finalmente, la vuelta del impulso estatista durante los años recientes.

La presencia del Estado en la economía pasó del 9 al 15% durante la década del 30, llegando a implicar el 25% a mediados de la década del 50 y al 46% hacia fines del ciclo 2003-2012. Eso coloca al caso argentino bastante por delante de la experiencia latinoamericana y más bien en las vecindades de la experiencia de los países europeos donde aproximadamente el 50% (a veces algo más) de la economía está en manos del Estado. El problema, pareciera ser, es que nuestro sistema tributario no guarda esa misma correspondencia que exhibe nuestras decisiones de gasto público ni tampoco la calidad de los servicios que ofrece el Estado.

En efecto, ¿cuál es la singularidad de la experiencia argentina comparada con los países europeos? Los argentinos son esencialmente partidarios de un importante papel del Estado en la economía (ver gráfico) pero no prestan el mismo grado de consentimiento a la incidencia del Estado en términos fiscales, es decir, a la proporción del ingreso nacional que el Estado debería desviar del sector privado (restarlo del ingreso disponible para ser consumido, ahorrado o invertido) para poder aplicarlo al gasto público.

En otras palabras los argentinos quieren más participación del  Estado pero no están dispuestos a dotarlo de los recursos financieros necesarios, ya que estos no son reflejados (como debieran) en mejores bienes y servicios sino que, en muchos casos, ocurre todo lo contrario. Esta es una de las claves del fracaso del país: el intento en dotarse de un modelo de desarrollo consistente a largo plazo que evite las recurrentes crisis inflacionarias o de endeudamiento que son disparadas por esta discrepancia estructural entre nuestros deseos de provisión estatal de bienes y servicios, y nuestra disposición a obligarnos fiscalmente a sostenerlo financieramente.

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